He leído en LA GACETA (13/10), el trabajo “Falta de mérito en un caso de contaminación”. Lo sucedido pone en evidencia que en nuestra provincia no hay gobernanza ambiental. Esta gobernanza se define como el gobierno y administración del medio ambiente y los recursos naturales, desde su condición de bien público. Las principales actividades entrópicas que dañan nuestro ambiente y a los ecosistemas, son: las industrias sucroalcoholera y cítrica, los mataderos y/o frigoríficos, los agroquímicos que se usan en los cultivos, los derrames cloacales, los residuos sólidos urbanos, las inundaciones, etc. y nos demuestran que la gobernanza ambiental está en crisis. Esto sucede a pesar de que tenemos soportes y recursos constitucionales, legales (leyes y decretos), normas e instituciones (SEMA, DP, municipios y otras), para que esta sea eficiente y eficaz. En 1991, por Ley N° 6253, fue creado el Consejo Provincial de Economía y Ambiente (CPEA) de Tucumán. El CPEA está conformado por representantes del gobierno de turno, organizaciones ambientales no gubernamentales, empresas y sindicatos con personería jurídica y las universidades locales (UNT, UTN, Unsta). Opera en el ámbito de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente (SEMA), con conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo y sus decisiones tienen carácter vinculante para la administración provincial. Dentro de sus funciones está la de delinear la política ambiental, formular proyectos que permitan la preservación, la conservación, la defensa y mejora del ambiente y la aprobación de los EIA. Lo grave desde lo institucional es que el CPEA frente a los daños ambientales que sufre nuestra provincia permanece sordo, ciego y mudo. Sus miembros olvidaron los principios básicos de una gestión ambiental eficiente y eficaz, a saber: a) De prevención b) De congruencia. c) Precautorio. d) De responsabilidad e) Subsidiaridad. f) Sustentabilidad y otros. Además por la falta de acceso a la información pública, los ciudadanos no sabemos lo que hacen, quiénes son, cómo lo hacen y por qué. Tampoco se participa al público ni a las personas afectadas por los agentes contaminantes. La inanición y la indiferencia convirtieron a la CPEA en cómplice de lo que sucede ambientalmente y que afecta también la salud de las personas. Es hora de que sus integrantes de buena voluntad cambien de actitud y cumplan con lo que la ley les exige. Si no lo hacen, el CPEA no tiene razón de ser.
Juan Francisco Segura